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BID dice que la competencia necesita instituciones fuertes y apoyo político para avanzar

mayo 20, 2026 · Redactor
BID dice que la competencia necesita instituciones fuertes y apoyo político para avanzar
Foto: eldinero.com.do

La entidad relaciona una mayor competencia con menor costo de vida, más crédito y empleo, y advierte que sin recursos, independencia y capacidad real las instituciones no cumplen su mandato.

Impulsar la competencia económica fue presentado no solo como un objetivo técnico, sino como una necesidad con efectos directos sobre el costo de la vida, el acceso al crédito, la innovación, la productividad y la creación de empleos. En la presentación del informe “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, Nathalie Alvarado, afirmó que si América Latina y el Caribe alcanzaran niveles de competencia semejantes a los de economías avanzadas, el producto interno bruto (PIB) regional podría crecer un 11% y la desigualdad caer un 6%.

El planteamiento del BID también dejó una advertencia institucional: para que esos beneficios se concreten hacen falta reformas eficaces sustentadas en evidencia, instituciones sólidas y voluntad política. Alvarado señaló avances en telecomunicaciones, pagos digitales y compras públicas, donde se han visto reducciones de precios, cambios en el acceso a servicios financieros y ahorros en bienes esenciales, aunque insistió en que todavía persisten barreras por corregir.

Como factores que favorecen una mayor competencia, mencionó la integración de mercados, una infraestructura que conecte regiones, regulaciones armonizadas y procesos más ágiles. Asimismo, llamó a revisar las normativas que frenan el crecimiento y a fortalecer las instituciones encargadas de promover la competencia. “Una entidad sin recursos, sin independencia y sin capacidad real no puede cumplir con su mandato”, subrayó, en un mensaje que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad del Estado para traducir ese potencial en bienestar para la población.