La denuncia de una ex alumna contra la Universidad de Cornell volvió a colocar bajo presión a una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, después de que fiscales del estado de Nueva York reabrieran una investigación penal que antes había sido descartada. La joven, que reportó los hechos a la policía el 8 de noviembre de 2024, sostuvo: “Puedo decir con 100 por ciento de certeza que fui violada”. Según el texto, esa afirmación no fue incluida en el resumen presentado a los fiscales, un dato que agrava las preguntas sobre el manejo inicial del caso.
La demanda civil presentada en septiembre responsabiliza a siete compañeros, a la universidad, a la fraternidad Chi Phi y a la sororidad de la estudiante por no protegerla. El expediente, además, proyecta un problema mayor que un hecho aislado: la reapertura del caso arroja luz sobre una cultura universitaria marcada por alcohol, abuso de sustancias y agresiones sexuales, en contraste con la imagen de resguardo institucional que se espera de un campus de ese nivel.
A principios de 2025, Cornell activó su propia investigación al amparo de una ley federal para proteger de la discriminación a estudiantes de centros que reciben financiamiento del gobierno. Esa revisión encontró un aumento de contactos sexuales no consentidos, especialmente entre alumnas de pregrado, así como más casos de acoso sexual, violencia en la pareja y una fuerte intervención del alcohol. El cuadro refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo una institución con recursos y prestigio dejó crecer señales de deterioro sin respuestas suficientes a tiempo.