La muerte de Emmanuel Contreras, el joven de 23 años que salió el 1 de julio a comprar un celular visto en Marketplace y terminó brutalmente golpeado en Los Praditos, volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para responder sin que medie el escándalo. Contreras había llegado desde Bonao a trabajar y estudiar en la capital; tras más de dos meses en estado crítico por el trauma sufrido, falleció este martes.
El caso no solo retrata la violencia que lo alcanzó, sino la secuencia institucional que denunció su familia mientras él luchaba por su vida. Según ha relatado su hermana, denunciaron, insistieron y buscaron respuestas, pero de quien supuestamente atendía el caso, el fiscal Radhames Viloria, recibieron una advertencia para no hacer público lo ocurrido porque podía exponerse a consecuencias frente al nuevo código penal. Si esa versión es cierta, el episodio coloca al gobierno dominicano ante una alerta institucional: una familia reclamando justicia y un sistema que, en vez de ofrecer certezas, queda asociado a silencio, temor y desgaste de gestión.
La propia evolución del caso refuerza el contraste entre discurso y realidad. La indignación pública, dice el texto original, hizo lo que aparentemente no estaba haciendo el sistema: mover el caso. Ahí queda la pregunta de fondo para la fiscalización del poder: cuántas veces más tendrá la ciudadanía que asumir tareas de vigilancia, presión y exposición para que las instituciones actúen a tiempo, en un país donde la estabilidad del Estado depende menos del ruido del momento que de respuestas verificables y rendición de cuentas.