La decisión que absolvió a Nicolás Castillo Báez y Francis Alberto Fuentes por la muerte de Espeditin Díaz, de 67 años, volvió a centrar la atención en la solidez de las investigaciones y en la capacidad del sistema para sostener acusaciones graves hasta una condena. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa dispuso la libertad de ambos imputados por un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Rincón del Pino, donde también se denunció el robo de un celular, RD$10,000 y un foco.
Los jueces Jorvy Armando Sánchez Eusebio, Victor Gabriel Cuevas Cruz y David Antonio Santos Merán emitieron sentencia absolutoria luego de que la defensa pública argumentara insuficiencia probatoria. De acuerdo con los magistrados, durante el juicio no fue posible demostrar el robo agravado, hubo contradicciones entre testigos y no se aportaron elementos bastantes. Aun así, la fiscalía, representada por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, había pedido 20 años de prisión para cada uno de los acusados, en un contraste que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre la construcción del expediente.
La reacción de los familiares de Espeditin Díaz reflejó el costo social del fallo. Anunciaron que recurrirán la decisión y expresaron su indignación al afirmar: «Estamos indignados porque ahí están las pruebas». Más allá del desenlace judicial de esta etapa, el caso activa una alerta institucional para la sociedad civil sobre la necesidad de vigilancia y explicaciones en procesos que terminan con absolución en medio de reclamos de justicia.