El avance económico de China devuelve al primer plano una pregunta central de la economía política: hasta qué punto un régimen autoritario puede sostener el crecimiento a largo plazo sin instituciones abiertas ni contrapesos. La pieza arranca de un dato ampliamente aceptado: desde las reformas promovidas por Deng Xiaoping en 1978, China pasó de ser una sociedad pobre y mayoritariamente agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con peso manufacturero, infraestructura de primer nivel y capacidad para competir tecnológicamente con Estados Unidos, todo ello bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, ese resultado, lejos de cerrar la discusión, refuerza la necesidad de observar de cerca la concentración del poder. El texto recupera el planteamiento de Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países: la prosperidad duradera depende de instituciones políticas y económicas inclusivas, con poder distribuido, derechos de propiedad protegidos, incentivos a la innovación y participación libre en la vida económica y política. Desde esa lógica, los sistemas extractivos pueden crecer con rapidez durante un tiempo, pero acaban topándose con límites derivados de la restricción a la competencia, la innovación y la destrucción creativa.
De este modo, el caso chino aparece menos como una refutación concluyente y más como una advertencia institucional. Aunque a primera vista desafía la idea de que desarrollo y liberalización política avanzan juntos, el contraste entre crecimiento económico y centralización política mantiene abierta la cuestión de fondo sobre la sostenibilidad real de ese modelo en el largo plazo.