SANTO DOMINGO. – La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar generó una nueva presión sobre el Senado y el Poder Ejecutivo, después de que la diputada Juliana O’Neal reclamara que la pieza sea asumida como una prioridad nacional para enfrentar lo que definió como “epidemias de salud pública”.
O’Neal respaldó la iniciativa impulsada por la diputada Soraya Suárez, de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y afirmó que prohibir la venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas es un paso impostergable. En sus declaraciones, insistió en que el tema no debe verse solo como un debate de nutrición, sino como la protección de niños expuestos a riesgos de salud que, según planteó, pueden prevenirse.
La legisladora también puso el énfasis en el costo económico de no actuar. Advirtió que aplazar la aprobación de la ley implicaría mayores gastos futuros para el Estado dominicano en salud curativa y alertó que mantener las escuelas como espacios donde circulan esos productos eleva un costo social que luego “no podremos costear como sociedad”. Con ese planteamiento, el llamado al Senado y al Ejecutivo quedó marcado no solo por la urgencia sanitaria, sino por la exigencia de que la respuesta institucional no se quede rezagada frente a un problema ya identificado.