La agenda de cooperación penitenciaria que el Gobierno de Venezuela anunció con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quedó este sábado bajo presión, después de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reclamara que esa asistencia alcance también prisiones donde, según denuncias de familiares, persisten indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En un comunicado difundido en X, la ONG pidió que se incluyan El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare, en el estado Miranda, al afirmar que no se tiene constancia de cooperación del CICR en esos recintos. Para el CLIPP, son centros prioritarios porque familiares de personas recluidas han denunciado aislamiento, restricciones de comunicación, deficiencias en la alimentación y en la atención médica, además de episodios de violencia y malos tratos.
La organización también exigió condiciones para que el CICR pueda entrevistar en privado a los detenidos y dar seguimiento a los casos según su metodología, así como mecanismos de comunicación directa con las familias para reportar torturas, aislamiento, enfermedades graves y otras situaciones de atención humanitaria. Esa petición contrasta con el anuncio hecho el pasado martes por el Gobierno venezolano sobre una agenda con el CICR orientada al intercambio de experiencias, visitas a centros y revisión de aspectos como salud, educación, contacto familiar y condiciones de vida, con cierre previsto en un encuentro bilateral para identificar posibles líneas de trabajo.