El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) sostuvo que las contribuciones establecidas en la Ley No. 98-25, que modifica la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no deberían definirse solo a partir del nivel de facturación de las empresas. El gremio planteó que también se tomen en cuenta la naturaleza de la actividad económica y la cantidad de residuos que realmente produce cada sector, al reabrir la discusión sobre si la norma refleja el impacto ambiental o si termina cargando costos excesivos sobre áreas claves del abastecimiento.
La propuesta fue remitida al presidente Luis Abinader, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y al presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini. Según el CNCP, un esquema de contribuciones ambientales debe mantener una relación razonable con la presión que cada actividad ejerce sobre el sistema nacional de gestión de residuos, de manera que quienes generen mayores volúmenes aporten en proporción a ese impacto.
El gremio señaló además que el comercio mayorista de provisiones funciona como uno de los principales canales de abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, pero opera con márgenes de rentabilidad reducidos y produce volúmenes de residuos notablemente menores que los de actividades industriales o de transformación. Con ese planteamiento, pidió incluir criterios de proporcionalidad para que la aplicación de la ley sea más equitativa y no comprometa la competitividad del sector.