El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dispuso este martes que se brinde asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos señalados por su presunta participación en el complot para asesinar en 2021 al entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. El anuncio, hecho por el propio mandatario en X, vuelve a centrar la atención en la defensa de los imputados dentro de un caso de alcance internacional que sigue sin resolverse.
Los 17 colombianos forman parte del grupo de 30 personas procesadas en Estados Unidos por el magnicidio. Comparecieron el 21 de septiembre ante una corte federal de Miami, después de ser extraditados desde Haití, donde estaban detenidos. En esa audiencia, la jueza Lisette Reid les asignó abogados de oficio y programó las próximas comparecencias. De la Espriella afirmó: «No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare».
El expediente sigue dejando abiertas dudas sobre las responsabilidades individuales y la respuesta institucional. Los imputados enfrentan cargos federales por conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, delitos que pueden derivar en penas de hasta cadena perpetua. Al mismo tiempo, más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, entre ellas la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso continúa paralizado por la inseguridad en el país caribeño.