Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales de 2026 con una realidad de fondo que no admite discusión: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en numerosas regiones gracias al impulso del Plan Colombia y a otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado el debate sobre seguridad, que vuelve a ocupar un lugar central en la política nacional.
Ese balance, que reconoce la disminución de la violencia, también deja una señal de alerta sobre el presente. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha avivado la discusión, en medio de reproches de quienes sostienen que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar su control territorial y reforzar economías ilícitas. La distancia entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para frenar nuevas amenazas ha reactivado la demanda de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo que describe este escenario es que el éxito de una estrategia pasada no garantiza respuestas eficaces frente a los retos actuales. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se limita a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión vigente está ofreciendo resultados suficientes frente al crimen organizado y al control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.