Tras la muerte de una adolescente bajo protección estatal en un centro residencial de Conani, en el municipio Guerra, la entidad dispuso la suspensión preventiva del personal a cargo de la seguridad y el acompañamiento, en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa los controles del sistema de protección de menores.
La menor, identificada con las iniciales N. P. P., murió en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias preliminares, en el hecho habrían participado otras tres adolescentes. Conani informó que la joven había ingresado al centro el 15 del mismo mes y que, desde el primer momento, comunicó lo ocurrido al Ministerio Público, que conduce la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La institución también anunció la intervención administrativa del centro, con el propósito de reforzar los procesos de atención, supervisión y protección. En su reporte, Conani señaló que la adolescente recibía seguimiento especializado por condiciones de salud y por situaciones de alta vulnerabilidad previamente detectadas, y que en ese hogar de paso conviven menores con perfiles de alta complejidad, entre ellas víctimas de abandono, abuso, maltrato, explotación sexual, trata, situación de calle y trastornos de comportamiento. Mientras las autoridades aseguran que ofrecerán más detalles conforme avance la investigación, el caso deja en primer plano las explicaciones pendientes sobre la capacidad real de resguardo en instalaciones destinadas precisamente a proteger a adolescentes en riesgo.