Yaniris Martínez Cordero fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Espaillat tras la muerte de su hijastra de tres años, en un hecho ocurrido en Gaspar Hernández que, más allá de la sanción penal, vuelve a poner en evidencia las fallas de protección alrededor de la víctima. La sentencia, dictada por los jueces Luis Rafael Diloné, Rosa Molina y Ana María Jiménez, estableció la responsabilidad de la acusada por hechos calificados bajo los artículos 295 y 303 del Código Penal.
La investigación forense presentada por el Ministerio Público sostuvo que la menor sufría un cuadro prolongado de violencia física antes de morir el 8 de mayo de 2023. El informe preliminar de autopsia, solicitado en mayo de 2025, documentó edema pulmonar, gastritis hemorrágica y múltiples cicatrices traumáticas antiguas y recientes en abdomen y espalda, hallazgos que confirmaron el síndrome del niño maltratado. La niña llegó al centro de salud sin signos vitales, según se expuso en el proceso.
En ese mismo caso, el padre de la menor, Nichalson Nina, recibió una condena de un año de prisión por negligencia grave. Durante el juicio también salió a relucir la existencia de un «acuerdo de no agre…», un elemento que refuerza las preguntas sobre el entorno que debía resguardar a la víctima y no lo hizo. Aunque la pena máxima marca un precedente de severidad, el expediente deja una alerta institucional: la condena llega después de un ciclo de tortura que ya había dejado señales visibles.