Una ola de condenas penales contra comunicadores, periodistas e influencers ha devuelto al centro del debate público el alcance de la libertad de expresión en República Dominicana y el uso de herramientas penales para castigar contenidos difundidos en medios electrónicos. La acumulación de procesos, varios de ellos cerrados con penas de cárcel, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas, ha convertido la aplicación de la Ley 53-07, junto con disposiciones del Código Penal y la Constitución, en un punto de vigilancia institucional.
El caso más reciente es el de Claudia Pérez Ramírez, “La Tora”, condenada el 11 de junio de 2026 por la Octava Sala Penal del Distrito Nacional a un año de prisión y al pago de cinco millones de pesos por difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado del Partido Revolución Moderno (PRM) Sergio Moya, “Gory”. La sentencia, dictada por la jueza suplente Octavia Carolina Fernández Curi, estableció violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, ordenó el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y acogió además la demanda civil del legislador.
Aunque el fallo todavía no es firme, la sucesión de expedientes de este tipo refuerza la discusión sobre dónde termina el derecho a opinar y cómo se está usando el aparato judicial en conflictos vinculados a expresiones públicas. El debate ya no se limita a casos aislados: la frecuencia de estas decisiones ha puesto en evidencia una tensión institucional que exige mayor escrutinio sobre los límites, alcances y consecuencias de la vía penal en una democracia.