En Arroyo del Gato, Jamao al Norte, la comunidad enfrenta serios obstáculos para acceder al río Arroyo Frío, una fuente de agua utilizada históricamente para consumo y actividades cotidianas. Desde la adquisición de una finca por ciudadanos rusos hace cinco años, los residentes han denunciado que el acceso ha sido restringido mediante la instalación de una puerta, lo que pone de manifiesto la falta de atención a sus derechos y necesidades básicas.
Domingo De la Cruz, presidente de la junta de vecinos, enfatiza que el río ha sido una reserva de agua para la comunidad durante más de un siglo. Sin embargo, la reciente acción de los nuevos propietarios ha generado un conflicto que ha escalado a instancias legales, donde seis miembros de la comunidad han sido sometidos a procesos judiciales tras desmontar la puerta que bloqueaba el acceso. Este hecho resalta la urgencia de una vigilancia institucional que garantice el acceso a recursos vitales y la rendición de cuentas de aquellos que, en nombre de la propiedad privada, vulneran derechos fundamentales.
La situación refleja un contraste alarmante entre el discurso oficial de protección de los derechos ciudadanos y la realidad que viven los comunitarios, quienes solo buscan mantener su acceso a un recurso esencial. La falta de resultados en la defensa de sus derechos por parte de las autoridades competentes pone en evidencia una oportunidad perdida para fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar el bienestar de la población.