El Congreso Nacional aprobó en un plazo de siete días el proyecto enviado por el Gobierno para reformular el Presupuesto General del Estado de 2026, una decisión que reabre el debate sobre la velocidad con que se alteran partidas sensibles y las explicaciones pendientes sobre sus prioridades reales. Con la iniciativa ya sancionada, el presidente Luis Abinader dispone de cinco días para decidir si promulga la modificación de la Ley 99-25, con la que el Poder Ejecutivo elevó las apropiaciones a RD$40,978,300,000.
El cambio redistribuye recursos hacia el Ministerio de Hacienda y Economía, con RD$925,000,000; Agricultura, RD$3,004,569,000; Obras Públicas y Comunicaciones, RD$10,165,000,000; Industria y Comercio y Mipymes, RD$2,400,000,000; Vivienda, Hábitat y Edificaciones, RD$3,792,731,000; Ministerio de Justicia, RD$191,000,000; y el Tesoro Nacional, con RD$20,500,000,000. Pero ese aumento se sostiene con recortes a otras áreas: Educación pierde RD$2,000,000,000; Turismo, RD$258,058,334; y Energía y Minas, RD$85,134,019. También se reduce en más de RD$14,000,000,000 la partida para administración de deuda pública y activos financieros.
La reformulación deja un contraste político inevitable entre el discurso oficial sobre prioridades nacionales y el destino final del gasto, en especial por el peso que ganan Hacienda y el Tesoro Nacional frente a sectores como Educación y Turismo. En ese escenario, la decisión aprobada por el Congreso coloca bajo mayor escrutinio al Gobierno de Luis Abinader y obliga a la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, a reforzar la fiscalización sobre el uso de los recursos públicos, el costo social de los recortes y la justificación institucional de una reasignación tramitada con carácter de urgencia.