La ausencia de agua potable en Consuelo, en San Pedro de Macorís, volvió a poner a INAPA en el centro de las críticas después de que el diputado Alcibíades Tavárez denunciara que el municipio y otras comunidades de la provincia siguen atrapados en una crisis que afecta a miles de familias. El legislador de la Fuerza del Pueblo pidió al director ejecutivo del organismo, Wellington Arnaud, una respuesta inmediata ante una situación que atribuyó a un abandono sistemático. El origen concreto del problema está en el colapso del tanque que abastecía al municipio en noviembre de 2025 y, seis meses después, los residentes todavía no cuentan con una solución.
La presión no viene únicamente desde el Congreso. En mayo, decenas de comunitarios se manifestaron frente a las oficinas locales del INAPA con pancartas para reclamar una respuesta, en una de las protestas más visibles por la crisis. Desde el hemiciclo, Tavárez también cuestionó la prioridad que recibe el gasto en el Este turístico frente a la falta de servicio en municipios como Consuelo, mientras Wellington Arnaud defendía ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un préstamo de US$400 millones para la tercera fase del Programa Integral de Agua Potable en la zona de Punta Cana-Bávaro, aprobado con informe favorable a fines de abril.
El señalamiento llega en un panorama más amplio de deterioro del servicio. En abril, la comunidad de La Factoría, en San Cristóbal, denunció más de 15 días sin agua, y ese mismo mes el INAPA informó que 24 acueductos estaban fuera de servicio en todo el país, con más de 400,000 usuarios afectados. Esa secuencia refuerza las exigencias de rendición de cuentas sobre la gestión del agua potable y el contraste entre los anuncios de inversión y la persistencia de fallas que siguen golpeando a comunidades fuera de los polos priorizados.