SAN JOSÉ. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que presentará un proyecto de ley para permitir la grabación en audio y video de las visitas a presos en cárceles de máxima seguridad, una medida que el Gobierno relaciona con la necesidad de impedir que se sigan coordinando actividades criminales desde el sistema penitenciario.
La decisión apunta a una falla que, según la mandataria, ha facilitado que reclusos continúen enviando mensajes mediante visitantes, entre ellos familiares y abogados, debido a que la normativa vigente no permite ese tipo de controles. Después de reunirse con altos mandos policiales, Fernández afirmó que no se puede permitir que delincuentes de alto calibre operen desde prisión, mientras el Ejecutivo asegura haber identificado unas 260 estructuras criminales activas en el país, integradas por miles de miembros, y reclamó una mayor acción del Organismo de Investigación Judicial.
A la vez, la presidenta incluyó como parte de su estrategia el avance de una nueva megacárcel de alta seguridad con capacidad para más de 5.000 internos y dijo que su administración evalúa controles internos adicionales en las fuerzas policiales, incluidas pruebas de polígrafo para mandos de seguridad. Las medidas fueron planteadas en un escenario marcado por el aumento de los homicidios y por el reconocimiento oficial de que el crimen organizado mantiene capacidad de operación, incluso desde los centros penitenciarios.