Las autoridades cubanas presentaron y aprobaron en apenas una semana el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, en un movimiento que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la isla y deja abierto el interrogante sobre su capacidad real de respuesta. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció por sorpresa las medidas, luego fueron respaldadas por el pleno del Comité Central del Partido Comunista y ratificadas en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Ante la Asamblea, Díaz-Canel afirmó que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y defendió que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado». En su formulación, el plan busca abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos. Sin embargo, el propio antecedente oficial obliga a poner el foco en la ejecución: durante la presidencia de Raúl Castro también se hicieron anuncios reformistas que después no se aplicaron, se redujeron en alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática.
El paquete incluye 176 reformas, varias de ellas de calado. Algunas ya habían sido propuestas en los últimos años, incluso hace más de una década, mientras otras intentan responder a problemas más recientes, como la escasez de combustible. Aunque el plan ha sido presentado como un punto de inflexión, las consecuencias siguen siendo inciertas y el contraste entre la urgencia del discurso y los resultados pendientes vuelve a colocar la atención sobre la rendición de cuentas del poder y el costo social de los retrasos acumulados.