El Gobierno de Cuba anunció que acudirá ante la Asamblea General de la ONU, el próximo 7 de julio en Nueva York, para denunciar lo que describe como una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países con el fin de frenar cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. La acusación sitúa de nuevo en primer plano el peso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según La Habana, ya está golpeando directamente a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense despliega “presiones inéditas” mediante “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para evitar esa denuncia en Naciones Unidas. Días antes, había adelantado que Cuba expondrá en esa sesión lo que considera “acciones agresivas” de EE.UU., al sostener que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
La presentación cubana incluirá, entre sus puntos centrales, el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, provoca “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese planteamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política deriva en un deterioro de las condiciones de vida, la discusión deja de ser retórica y pasa a exigir rendición de cuentas por sus efectos concretos.
Rodríguez también sostuvo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, intenta justificar acciones que, según dijo, causan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese marco, la sesión solicitada por La Habana se presenta como una prueba para la comunidad internacional, no solo ante la denuncia cubana, sino también frente a la presión sobre los mecanismos multilaterales y al contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias que se atribuyen a esa estrategia.
El canciller aseguró además que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de esa previsión, la cita en la ONU vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que pagan las sociedades.