El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) adjudicó 325.69 megavatios de nueva capacidad de energía renovable, en una operación que marca un avance en la incorporación de generación limpia, pero que también abre preguntas sobre su efecto concreto en el sistema eléctrico, los costos y la gestión de las distribuidoras.
La adjudicación se hizo con precios de entre US$0.1060 y US$0.1090 por kilovatio hora, y contempla además un 50 % de respaldo en baterías, un componente que amplía la capacidad de soporte de la oferta adjudicada. Sin embargo, el anuncio no agota la discusión pública: el punto central pasa ahora por comprobar si estas condiciones se traducen en menor presión sobre las EDE, mejor estabilidad del servicio y beneficios verificables para los usuarios.
Como ocurre con toda decisión de este tipo, el valor del anuncio no se mide solo por el volumen asignado, sino por su ejecución, seguimiento y transparencia. Queda pendiente precisar cómo impactará esta capacidad en la estructura de costos del sector, qué mecanismos de fiscalización acompañarán el proceso y cuándo podrán evaluarse resultados tangibles en la operación eléctrica.
El país necesita no solo más megavatios adjudicados, sino también claridad sobre el costo final, los plazos de implementación y la rendición de cuentas sobre sus efectos reales. En ese terreno, la adjudicación del CUED pasa de ser un hito administrativo a una prueba de gestión que deberá medirse por resultados, no por el anuncio en sí.