El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este domingo a la Justicia evaluar la posibilidad de atenuar las penas a investigados por corrupción que entreguen pruebas contra sus cómplices. En una alocución televisiva, planteó negociaciones basadas en el Código Penal para que quienes formaron parte de la cadena de corrupción del anterior Gobierno colaboren con las autoridades a cambio de beneficios, bajo el argumento de que “el latrocinio no puede quedar impune”.
La propuesta coloca el foco sobre la capacidad institucional para perseguir toda la trama y no solo a figuras aisladas. De la Espriella sostuvo que deben “pagar todos” los que participaron en el “festín corrupto” que, según dijo, desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años, en referencia al Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). También insistió en que los corruptos “tienen que caer” y citó la investigación contra el expresidente del Senado, Iván Name, como parte de ese cuadro de rendición de cuentas pendiente.
El mandatario, que llegó a la presidencia hace menos de dos meses, vinculó esa corrupción con la situación fiscal “más crítica” de la historia del país y anunció contactos con el Fondo Monetario Internacional en busca de alivio financiero. Ese contraste entre el discurso de castigo y la magnitud del deterioro que denuncia vuelve central la vigilancia sobre los resultados concretos de la ofensiva judicial y sobre el costo que la crisis de lo público termina trasladando a la ciudadanía.