BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que eliminará la consejería presidencial de paz luego de considerar fallida la política de diálogos directos del gobierno saliente para lograr el desarme de poderosos grupos armados, una admisión que vuelve a poner bajo examen la brecha entre el discurso oficial y los resultados en seguridad.
De la Espriella sostuvo que su propósito será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo” el 7 de agosto. Dos semanas antes, ya había fijado un mes de plazo a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y advirtió que no hará “concesiones inaceptables”, en alusión a las políticas del gobierno saliente para el desarme de guerrillas y organizaciones narcotraficantes.
La eliminación de la consejería formará parte de una reestructuración más amplia en la presidencia, que incluye la supresión de más de 200 puestos y el traslado de algunas funciones a ministerios como Interior y Defensa. El mandatario electo aseguró que esos cambios permitirán un ahorro de 10.000 millones de pesos, equivalentes a 3,1 millones de dólares, en una decisión que vuelve a abrir el debate sobre el tamaño del aparato presidencial y la eficacia de estructuras que no evitaron el deterioro de la seguridad.
Desde la campaña, De la Espriella también había propuesto eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que califica como un “tribunal de venganza” que dicta sentencias con “asimetría”. La JEP nació del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC y juzga las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por los actores armados. Con ese trasfondo, el anuncio no solo marca una ruptura política: deja abierta una alerta institucional sobre cómo se reemplazarán funciones sensibles mientras persiste la exigencia de resultados concretos y no solo nuevas promesas desde el poder.