El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que organizó la reciente marcha antiminera en San Juan, ha expresado su agradecimiento por la decisión del presidente Luis Abinader de detener de manera inmediata cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero. Sin embargo, el grupo enfatiza que esta medida debe ser oficializada a través de un decreto presidencial para asegurar que no solo se frene el proyecto Romero, sino que se eliminen todos los procesos extractivos en la Cordillera Central, vital para la producción de agua y alimentos en el país.
Rubén Moreta, vocero del movimiento, subrayó que la decisión del presidente es una respuesta al clamor popular, pero también plantea interrogantes sobre la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que enfrenta la población. «El pueblo habló y es fundamental que el Presidente escuche y actúe en consecuencia, garantizando que San Juan siga siendo un valle productor de alimentos y no un distrito minero», afirmó Moreta. La decisión de Abinader se produjo un día después de una masiva manifestación en rechazo al proyecto minero, lo que pone de relieve la presión social que enfrenta el gobierno en temas ambientales y de desarrollo sostenible.
A pesar de la proclamada victoria del movimiento antiminero, persiste la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas para asegurar que las promesas del gobierno se traduzcan en acciones concretas que protejan el medio ambiente y la agricultura en la región.