Las demoras en los procesos judiciales siguen operando como un freno para la inversión y como una carga directa sobre los ciudadanos, de acuerdo con un estudio presentado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para ofrecer respuestas oportunas.
La investigación, titulada “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, indica que el 51.79 % de los encuestados enfrentó impedimentos para iniciar un negocio o vender una propiedad por un litigio, mientras que el 52.6 % dijo haber tenido que interrumpir sus actividades laborales por un proceso judicial. Además, el 48.7 % postergó o modificó decisiones sobre su vida o patrimonio, incluido el inicio de un negocio, por el efecto de esos casos.
Aunque el informe registra una reducción en la duración promedio de los asuntos fallados, de 80.9 a 72.7 días hábiles entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, el propio estudio advierte que persisten los desafíos para garantizar una justicia oportuna. Solo el 42.06 % de los asuntos evaluados fue fallado dentro del plazo legal de referencia. En ese contexto, las cortes de apelación promediaron 148 días hábiles y los procesos inmobiliarios 165 días hábiles. La investigación agrega que las dificultades para ejecutar decisiones judiciales prolongan los costos incluso después de emitido un fallo, con un impacto especialmente severo sobre las mipymes, que cuentan con menos recursos para sostener litigios largos.