Este fin de semana, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, apoyadas por militares y la Policía Nacional, llevaron a cabo el desmantelamiento de decenas de casetas construidas por familias en la playa La Ensenada, un acto que ha suscitado críticas sobre la falta de comunicación y consideración hacia los afectados. Aunque el Ministerio argumenta que la acción busca preservar el entorno natural de esta zona turística, la realidad es que muchos de los propietarios contaban con permisos provisionales que les fueron otorgados por las autoridades locales, lo que plantea interrogantes sobre la gestión y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
El representante de Medio Ambiente, Adalberto Brito, indicó que las estructuras fueron autorizadas temporalmente, pero el hecho de que las autoridades municipales no hayan actuado a tiempo para retirar las casetas refleja una falta de coordinación y un desgaste en la gestión pública. Esta situación pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas por parte de las instituciones, así como la urgencia de un diálogo efectivo con las comunidades para evitar que medidas como estas se conviertan en un conflicto social.