El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto núm. 298-26, designando una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar la licitación del proyecto de la Autopista del Ámbar. Esta medida, aunque presentada como un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, plantea interrogantes sobre la efectividad real de tales acciones en un contexto donde la desconfianza en las instituciones es creciente.
La comisión, que incluye a figuras como el obispo Jesús Castro Marte y otros miembros de la sociedad civil, tiene la responsabilidad de monitorear el proceso de licitación. Sin embargo, el carácter meramente observador de la comisión y su falta de poder decisional podrían limitar su capacidad para influir en un proceso que, según muchos críticos, ha estado marcado por la opacidad y la falta de resultados concretos. La necesidad de un control social efectivo es más urgente que nunca, dado el historial de promesas incumplidas en proyectos de infraestructura que han afectado la conectividad y el desarrollo económico del país.
Este decreto, aunque busca dar una imagen de apertura y vigilancia, podría ser interpretado como un intento de calmar las preocupaciones ciudadanas sin abordar de fondo los problemas estructurales que afectan la gestión pública. La sociedad civil exige no solo la creación de comisiones, sino también acciones concretas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.