El presidente Luis Abinader ha designado una Comisión de Veeduría Ciudadana mediante el decreto 298-26, con el objetivo de supervisar el proceso de licitación para la construcción de la Autopista del Ámbar, que conectará la circunvalación norte de Santiago con la vía Puerto Plata–Sosúa. Sin embargo, esta medida, anunciada el 2 de mayo de 2026, podría interpretarse como un intento de mitigar la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la gestión gubernamental en materia de transparencia y control social.
La comisión, que incluye a figuras como el obispo Jesús Castro Marte y otros miembros de la sociedad civil, tiene la responsabilidad de monitorear el proceso de licitación. No obstante, su carácter estrictamente observador y la limitación de su intervención en las decisiones del Comité de Compras y Contrataciones generan interrogantes sobre la efectividad real de esta supervisión. La falta de un poder decisorio podría hacer que la vigilancia sea meramente simbólica, en un contexto donde la sociedad civil exige un control más riguroso y efectivo sobre los recursos públicos.
El decreto también establece que la comisión podrá recibir denuncias y sugerencias de ciudadanos y organizaciones, pero la pregunta persiste: ¿será suficiente para restaurar la confianza en un gobierno que ha enfrentado críticas por su falta de resultados en la gestión de proyectos de infraestructura? La creación de esta comisión podría ser vista como una respuesta tardía a las demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas, en un momento en que la ciudadanía está más alerta que nunca sobre el uso de los fondos públicos.