Un memorando redactado con términos ambiguos volvió a situar en el centro del debate la transparencia oficial, en medio de señalamientos sobre la llegada al país de personas deportadas por EUA que permanecerían “días” en territorio dominicano antes de regresar a sus países de origen. El texto plantea que, aunque no se trate de un acuerdo formal, sí supone una obligación “no vinculante” que requiere consultas urgentes para aclarar su alcance y confrontarlo con el discurso gubernamental sobre transparencia y escucha activa.
La crítica se enfoca en la poca precisión sobre el estatus de esas personas, que no serían refugiados ni entrarían al sistema migratorio dominicano, lo que deja abiertas interrogantes institucionales y de derechos. A partir de ahí, la pieza resalta el contraste entre los anuncios oficiales y una gestión que, según el enfoque del texto, deja espacio a contradicciones sin respuestas públicas suficientes.
El punto más dramático lo coloca el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, después de que la víctima presentara una querella contra su agresor en la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, siguiendo la exhortación de las autoridades y lo previsto por leyes y protocolos existentes. El caso vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre los mensajes de éxito sobre Punto Vida, Casas de Acogida y el “nunca antes se había hecho”, y la exigencia ciudadana de rendición de cuentas ante fallas que siguen teniendo consecuencias fatales.