La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación identificada como una estación flotante de reabastecimiento de combustible que, según la versión oficial, apoyaba operaciones narcotraficantes de Los Choneros. Con este episodio, ya suman cinco los barcos ecuatorianos interceptados y hundidos en el Pacífico Oriental desde el 28 de agosto, en acciones reportadas por el Comando Sur y coordinadas con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El resultado operativo, sin embargo, convive con un frente abierto de rendición de cuentas. Los tripulantes de las embarcaciones han negado su relación con organizaciones narcotraficantes, y el sábado pasado un juez dejó en libertad a 28 pescadores detenidos en dos de los operativos ejecutados por EE.UU. el miércoles y jueves. De acuerdo con el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía no logró probar la existencia de sospechas sobre el cometimiento de algún delito.
Ese mismo sábado, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano informaron del hundimiento del barco María Candelaria y del traslado de sus 26 tripulantes a Manta. Aunque el mando estadounidense afirmó que mantiene operaciones «precisas y profesionales» para desmantelar redes logísticas del narcotráfico, siguen las denuncias de pescadores y familiares por otros tres supuestos ataques cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores. Esos hechos no han sido reconocidos ni por Estados Unidos ni por Ecuador, y el caso vuelve a poner el foco sobre la distancia entre la narrativa oficial de control y las explicaciones pendientes sobre pruebas, procedimientos y protección de civiles en este tipo de intervenciones.