Este jueves, Estados Unidos envió a Haití un nuevo avión con 78 deportados, el tercero desde que en julio venció el Estatus de Protección Temporal (TPS) que frenaba su expulsión. El vuelo partió de Opa-Locka, en el sur de Florida, hacia Cap-Haitien, en una secuencia que, según Human Rights First y su iniciativa ICE Flight Monitor, parece repetirse cada jueves desde el 20 de agosto, después de que terminara la protección para muchos haitianos.
La nueva cadencia de las deportaciones contradice el argumento utilizado por la Administración federal para eliminar el TPS, avalado en junio por el Tribunal Supremo de Estados Unidos: que las condiciones en Haití habían mejorado lo suficiente. Ese planteamiento choca con el dato citado en el mismo reporte, que atribuye al menos 2,310 muertos en los primeros cinco meses del año a la violencia en ese país. Antes del fin del TPS, los vuelos de deportación hacia Haití ocurrían, según Human Rights First, a un ritmo promedio de uno al mes.
El episodio suma presión sobre un escenario regional que exige seguimiento institucional y explicaciones públicas, también para el gobierno dominicano, por el impacto que la inestabilidad haitiana tiene sobre la seguridad, la gestión fronteriza y la capacidad del Estado para responder con previsión y no solo con discurso. En el avión viajaba además un ex alto funcionario del gobierno haitiano, arrestado la semana pasada en Estados Unidos y acusado de corrupción en su país, de acuerdo con el Miami Herald y autoridades haitianas.
