La proclamación del Estado Independiente de Haití Español, bajo las directrices de José Núñez de Cáceres el 1.º de diciembre de 1821, vino acompañada de un Acta Constitutiva del Gobierno Provisional que reunió en una Junta todos los poderes del Estado, encabezada por un presidente, Wenceslao Vega. Sin embargo, el documento no se quedó en formalizar el nuevo mando: con 39 artículos, estableció un gobierno republicano sustentado en la representación y definió atribuciones legislativas, de ejecución de las leyes y de administración de justicia.
Según el propio texto citado por su autor como una auténtica Constitución de un nuevo Estado, el alcance del Acta incluyó normas sobre ciudadanía y naturalización, organización territorial en los ayuntamientos, administración de justicia, finanzas públicas e impuestos, régimen militar y juramento de militares y empleados públicos para defender la independencia y la libertad del Estado. Además, determinó la responsabilidad de los empleados públicos y calificó como traición cualquier acción encaminada a transformar el sistema republicano o a destruir la libertad e independencia de la patria.
La relevancia institucional del Acta reside, de acuerdo con el contenido reseñado, en que desde ese momento fundacional quedaron escritos mecanismos de organización, deberes públicos y resguardos del nuevo orden político. Ese diseño, centrado en representación, justicia, finanzas y responsabilidad de los funcionarios, pone de relieve el peso de la vigilancia institucional cada vez que el poder pretende presentarse sin controles ni obligaciones frente a la sociedad.