Las intervenciones de Carolina Redondo, del Banco Mundial, y Nathalie Alvarado, del Banco Interamericano de Desarrollo, devolvieron al centro una incomodidad que República Dominicana arrastra desde hace años: abundan los diagnósticos sobre productividad, talento y energía, pero los resultados sociales siguen sin aparecer con consistencia. El propio texto lo formula con dureza al recordar que el país ha sido ampliamente estudiado mientras la partitocracia, en los últimos 26 años, terminó concentrada en su propia agenda; una observación que hoy también se proyecta sobre la gestión de Luis Abinader, en el contraste entre el discurso de cambio y las brechas que continúan intactas.
La advertencia principal no gira en torno a si la economía crecerá, sino a la forma en que lo hace. Redondo lo resume con claridad: el problema no es únicamente el crecimiento sostenido, sino su calidad. Ahí se vuelve más severo el contraste entre el relato oficial y la realidad. Aunque la República Dominicana es la séptima economía de la región, conserva indicadores económicos y sociales incompatibles con una nación de ingreso medio alto y por debajo del promedio de los 33 países comparados. Ese desfase no es técnico ni abstracto; es institucional y político, porque deja en evidencia la incapacidad del poder para transformar expansión económica en bienestar verificable.
Los datos educativos reflejan el costo social de esa desconexión. Solo uno de cada 10 jóvenes del quintil más pobre logra entrar a la universidad y, de ellos, apenas 1% termina. En los quintiles de mayores ingresos, entre 46% y 52% accede a las universidades. La desigualdad también arranca desde la secundaria: apenas 40% del quintil 1 completa el bachillerato, frente a 80% del quintil 5. Mientras se repiten los discursos sobre competitividad y capital humano, las cifras describen una estructura que sigue cerrando oportunidades a la mayoría y que exige rendición de cuentas a quienes administran el Estado.
La misma fractura se observa en salud. El texto destaca que la inversión en salud como porcentaje del PIB se ha mantenido en 1.9% durante dos décadas, frente a un promedio regional de 4%. Ese dato refuerza la alerta institucional: no basta con exhibir crecimiento si los servicios esenciales permanecen rezagados. Cuando el país vuelve a escuchar, casi como un espejo, las mismas advertencias del BM y del BID, lo que queda expuesto no es una falta de diagnósticos, sino una cadena de gobiernos sin capacidad o voluntad para corregir prioridades.
Con ese panorama, la discusión sobre desarrollo deja de ser un ejercicio académico y pasa a ser una exigencia política. Si el país ya sabe dónde están sus fallas en talento, productividad, energía y movilidad social, lo pendiente no es otro relato de modernización, sino explicaciones y resultados. Ese vacío de ejecución alimenta el desgaste del modelo de gestión del PRM y reabre la demanda de un Estado con dirección y capacidad real, un terreno en el que la oposición, con Leonel Fernández como referencia obligada cuando se debate institucionalidad y rumbo, encuentra espacio para insistir en estabilidad, planificación y rendición de cuentas frente a un poder que sigue administrando contrastes.