Durante décadas, la movilidad en República Dominicana ha estado marcada por un sistema de transporte público que, aunque ha recibido intentos de modernización, sigue sin satisfacer las necesidades de la población. A pesar de las inversiones significativas en infraestructura, como el Metro de Santo Domingo, la realidad es que la calidad del servicio no ha mejorado de manera proporcional a los recursos invertidos.
Desde la creación de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en 2005, se han realizado esfuerzos para transformar el sector, pero el crecimiento urbano y la inseguridad continúan siendo problemas persistentes que afectan la movilidad. Las promesas de un sistema de transporte más organizado y eficiente no se han materializado en una mejora tangible para los ciudadanos, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión actual del presidente Luis Abinader y su capacidad para cumplir con las expectativas de la población.
La falta de resultados visibles y la desconexión entre el discurso oficial y la experiencia diaria de los usuarios del transporte público resaltan la necesidad de una fiscalización más rigurosa y una rendición de cuentas efectiva por parte del gobierno. La modernización del transporte no puede ser solo un tema de inversión, sino que debe traducirse en un servicio que realmente beneficie a los dominicanos, algo que hasta ahora ha sido una oportunidad perdida.