Ya transcurrieron 1,839 días desde que Erick Daniel Cordero Guzmán salió de su casa en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, después de recibir una llamada, y no volvió. Cinco años más tarde, su desaparición continúa sin respuesta y forma parte de los 241 expedientes de personas desaparecidas sin resolver que la Dirección Central de Investigación (Dicrim) registra entre 2018 y julio de 2026.
La falta de respuestas ha obligado a su familia a sostener una búsqueda que no se detiene. Su madre, Ana Luisa Guzmán Herrera, lo describe como un joven «productivo», licenciado en contabilidad y trabajador, mientras en la entrada de la vivienda sigue colocado el cartel con la frase: «No descansaremos hasta que encontremos a Erick». Sus hermanas menores, de 8 y 10 años, todavía preguntan por él y esperan el regreso de un viaje que nunca concluye.
El expediente vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad institucional para ofrecer resultados en desapariciones que se prolongan durante años. Más allá del relato oficial sobre seguridad y gestión, la permanencia de 241 casos sin resolver hasta julio de 2026 deja ver una brecha entre el discurso y la realidad para familias que continúan cargando solas con la incertidumbre. Por eso, la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas sobre estos expedientes se mantiene como una prioridad pública.
