La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el procedimiento iniciado por la Junta Central Electoral (JCE) en torno a la publicación de encuestas va más allá de un caso puntual y coloca bajo escrutinio los límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública. A través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad sostuvo que la discusión debe centrarse en las garantías jurídicas que deben respetarse cuando el Estado busca imponer consecuencias desfavorables a particulares.
Finjus señaló que en materia sancionadora rige el principio de reserva de ley, apoyado en los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución y en el artículo 4 de la Ley núm. 107-13. Recordó que la Ley núm. 20-23 prohíbe la publicación y difusión de encuestas durante los ocho días previos a las votaciones, pero fuera de ese período permite su divulgación bajo determinadas condiciones. Desde esa base, cuestionó que un reglamento de la JCE pueda añadir una prohibición adicional y establecer sanciones como la suspensión del registro de una firma encuestadora por seis meses a un año si esa consecuencia no está expresamente contemplada en la ley.
“La potestad reglamentaria puede desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, pero no debería utilizarse para ampliar el ámbito de una infracción o crear una sanción que el legislador no haya establecido”, indicó la institución. Finjus también subrayó la necesidad de determinar la responsabilidad personal y la autoría de la conducta que se pretende sancionar, en una advertencia que refuerza la exigencia de control, rendición de cuentas y apego estricto a las reglas en decisiones con impacto sobre el proceso electoral.