Florida aprobó una normativa que impide la matrícula de inmigrantes indocumentados en los 28 colegios universitarios estatales, una decisión que vuelve a situar el acceso a la educación bajo un criterio restrictivo y con un elevado costo social. La medida, adoptada este martes por la Junta de Educación, alcanzaría a unos 8,000 estudiantes sin estatus legal que se gradúan cada año de las escuelas secundarias del estado.
Desde ahora, quienes aspiren a ingresar deberán acreditar que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país para poder inscribirse en estos centros, donde se imparten carreras técnicas y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años. El endurecimiento también golpea la educación pública para adultos: otra regulación aprobada extiende la misma prohibición a cursos de preparación para el GED y a clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL), cerrando más vías de formación e integración.
La decisión se tomó en una reunión virtual en la que organizaciones civiles afirmaron que sus objeciones fueron en gran medida desoídas, un elemento que refuerza las alertas sobre la falta de escucha institucional en una medida con efectos directos sobre miles de familias. Ambas normas siguen la línea marcada la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que inició el mismo proceso para las universidades públicas del estado.
Hoy por hoy, los estudiantes indocumentados pueden matricularse en las universidades públicas de Florida, aunque ya enfrentan restricciones endurecidas en los últimos dos años y no tienen acceso a ayuda financiera federal. El nuevo paso profundiza ese cerco y ha provocado el rechazo de estudiantes y organizaciones proinmigrantes, que advierten que se le cerrará la educación superior a miles de jóvenes que crecieron en Florida.
El efecto no sería solo humano. Según un análisis del Florida Policy Institute, la medida podría costarle a las arcas estatales cerca de 15 millones de dólares anuales en ingresos, un contraste que alimenta las críticas sobre decisiones de poder que castigan oportunidades educativas mientras también comprometen recursos públicos. En ese escenario, la presión de la sociedad civil queda como principal mecanismo de fiscalización frente a una política que avanza pese a las advertencias.