La Fuerza del Pueblo aumentó la presión para que se aclare la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un caso que, según lo publicado, podría comprometer al Estado dominicano por RD$2,693.9 millones. Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, pidió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental investigar lo sucedido y fijar responsabilidades.
El planteamiento llega luego de que una investigación publicada por Diario Libre señalara que una omisión procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocó la pérdida de un recurso de casación con el que la institución buscaba impugnar una condena ligada a terrenos situados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional. Conforme a esa publicación, la inactividad procesal condujo a la perención del recurso ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que el Estado tendrá que pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados.
Martínez afirmó que, por la magnitud de los fondos públicos en juego, el caso no puede verse como un simple error procesal y reclamó identificar a quienes tenían a su cargo el expediente, cuáles controles de supervisión existían y por qué venció el plazo legal sin las actuaciones exigidas. “Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó.
El Tribunal Superior Administrativo había establecido en RD$2,693,994,196.50 la suma a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales objetaba esa valoración y sostenía que el saldo pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente una cifra menor, pero la disputa quedó marcada por la pérdida del recurso. El reclamo opositor pone el foco en la rendición de cuentas y en los mecanismos de control institucional frente a un caso que impacta de manera directa los recursos del Estado.