SANTIAGO DE CHILE. – El Gobierno de José Antonio Kast anunció que está revisando las pensiones de gracia concedidas por administraciones anteriores a víctimas de la represión policial durante las protestas de 2019, una decisión que se hizo pública solo después del arresto de un joven por un presunto delito de tráfico de drogas que hasta enero recibía ese beneficio estatal.
Máximo Pavez, subsecretario del Interior, señaló que el análisis se inició en marzo, al comienzo del mandato, y lo describió como una «mínima responsabilidad» respecto de los recursos entregados por gracia presidencial. Con todo, el caso que llevó a divulgar la revisión deja abiertas interrogantes sobre los criterios de control, la transparencia del procedimiento y las razones por las que al joven le fue retirada la pensión, algo que, según el propio Gobierno, todavía se desconoce.
Según la prensa local, el joven había sido herido de bala durante una manifestación en 2019 en Ovalle, lesión que le causó una fractura en el pubis. Por ese hecho, un capitán de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por homicidio frustrado. A la vez, la revisión se da en medio de la línea política de Kast, quien ha definido las protestas como «estallido delictual» y ha admitido que evalúa indultar a militares y policías condenados por la represión, un contraste que vuelve a situar el foco sobre las prioridades oficiales frente a las secuelas del estallido social.