Santo Domingo. – El Gobierno ha anunciado una inversión de 800 millones de pesos para mitigar el impacto del alza de los combustibles en el transporte público. Sin embargo, esta medida plantea interrogantes sobre la efectividad de las acciones del presidente Luis Abinader y su administración en la gestión de crisis económicas que afectan a la población.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, comunicó que esta decisión busca evitar aumentos en el pasaje, pero la realidad es que los ciudadanos siguen enfrentando dificultades económicas. La falta de resultados tangibles en la mejora del servicio de transporte y la presión constante de los precios de los combustibles evidencian una desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven los dominicanos.
A pesar de las promesas de mantener un canal de comunicación con las organizaciones del transporte, la pregunta persiste: ¿será suficiente esta inversión para garantizar un servicio accesible y de calidad? La sociedad civil exige una rendición de cuentas clara y efectiva sobre cómo se utilizarán estos recursos y qué medidas se implementarán para asegurar que los ciudadanos no sigan cargando el peso de decisiones que parecen más reactivas que proactivas.