La responsabilidad del poder no se agota en la violencia directa. El texto sostiene que también hay muertes vinculadas con decisiones públicas, omisiones y fallas de gestión que comprometen al Gobierno dominicano y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En materia de tránsito, apunta que si existen estadísticas sobre la alta mortalidad de motoristas y no se actúa para reducirla, las autoridades responsables cargan con parte de esa responsabilidad. En seguridad, añade que las muertes provocadas por fuerzas del orden bajo una política de “gatillo alegre” siguen siendo atribuibles al poder si no se corrigen.
La advertencia institucional alcanza además la falta de autoridad frente a la delincuencia: cuando el Estado mira hacia otro lado y no impone orden ni cumplimiento de las leyes, también queda comprometido por las muertes que se producen en ese vacío. El contraste entre discurso y realidad se expresa en la distancia entre las obligaciones oficiales y los resultados que recibe la población.
Sin embargo, el señalamiento más severo se dirige al manejo de los recursos públicos. El texto afirma que, en una sociedad marcada por carencias, gastar mal los ingresos del Estado o permitir que funcionarios los reduzcan mediante corrupción agrava el costo social. Señala como ejemplo más claro la salud pública, donde la mala calidad de edificaciones hospitalarias, la insuficiencia de equipos médicos y su abandono por falta de mantenimiento terminan en muertes innecesarias. Desde esa perspectiva, la administración de Hacienda y del conjunto del Gobierno no puede verse solo como un asunto contable: implica una responsabilidad directa sobre servicios, gestión y vidas que exige fiscalización y rendición de cuentas.