SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda y Economía tuvo que precisar el alcance de la Ley 30-26 luego de que circularan interpretaciones sobre supuestos impuestos a las suscripciones de ciudadanos en plataformas digitales, en un nuevo episodio que coloca bajo escrutinio la comunicación oficial sobre medidas fiscales.
La institución explicó que la disposición no grava los servicios digitales contratados por personas y que la retención reducida de 27 % a 15 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplica únicamente a determinados pagos que realizan empresas dominicanas a proveedores no residentes por licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube. Según Hacienda, son las compañías domiciliadas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de hacer pagos al exterior.
Hacienda sostuvo que el cambio representa un alivio para empresas locales que usan herramientas tecnológicas provistas desde el extranjero y que acerca el tratamiento tributario a estándares de otros países de la región. Sin embargo, la necesidad de salir a desmentir versiones sobre un impacto en usuarios particulares vuelve a poner el foco en la obligación de las autoridades de ofrecer información clara y oportuna cuando se trata de decisiones tributarias con efecto directo en la percepción ciudadana.