El rescate de 14 niños en la “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, en La Pared de Haina, San Cristóbal, volvió a situar bajo escrutinio la capacidad de vigilancia sobre los espacios que reciben menores. En el lugar, Seneida Fernández, pastora de la fundación, y varios integrantes negaban cualquier vinculación con abuso o maltrato infantil, mientras las autoridades sostienen que allí operaba una supuesta red de maltrato y abuso.
La escena descrita dentro de las instalaciones acentúa el contraste entre el discurso de orden exhibido a la entrada y lo hallado en el interior. En un letrero se lee: “Santidad a Jehová. No se permiten personas fuera del orden de Dios” y “Quien no cumpla estás reglas no podrá estar aquí”. Sin embargo, al entrar a la vivienda de dos plantas donde permanecían niños y niñas acogidos por la institución, reporteros observaron mal olor, humedad, paredes sin capa de mezcla de cemento, dormitorios con gran cantidad de vestimentas, juguetes, afiches y varias camas, entre ellas tres camarotes.
El caso deja una alerta institucional que va más allá de la negación de los responsables del lugar y coloca el foco en la necesidad de control efectivo sobre entidades que trabajan con población vulnerable. Con el segundo nivel cerrado al acceso de los medios, la recuperación de los 14 menores y el estado de las edificaciones elevan la presión de la sociedad civil por explicaciones verificables, en un episodio que vuelve a exhibir desgaste de gestión cuando la protección infantil aparece después del daño y no desde la prevención.