El debate sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se reduce al avance tecnológico, sino a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El texto sostiene que la incorporación de la IA se da bajo el dominio de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario en el que estas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
Partiendo de esa realidad, el artículo admite las limitaciones del país: una presión tributaria cercana al 14 % del PIB, una burocracia todavía en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria reducida y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese panorama impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o fijar condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia principal no apunta a la impotencia, sino a la omisión. El texto plantea que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano conserva márgenes que no ha ejercido con intencionalidad, al tiempo que la sociedad civil dispone de herramientas que puede activar sin esperar al Estado y existen palancas multilaterales que tampoco se han utilizado. Entre esas áreas, menciona decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata a proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que exige vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está manejando un tema con impacto directo en la democracia.