La queja de integrantes del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) volvió a poner en la mira a otro servicio público por la forma en que responde ante los ciudadanos: de acuerdo con los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia tuvo que enfrentar un trato hostil durante todo el proceso, una situación que contrasta con la obligación institucional de actuar con dignidad.
Emilio Fernández afirmó que, desde el comienzo, los parientes recibieron un trato insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, manifestó, al insistir en la falta de comunicación y de humanidad en medio del duelo.
A su vez, Orestes Amador escribió en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver impidieron a la familia despedirse de su ser querido de manera digna. Además, calificó la situación de inaceptable y reclamó que se esclarezca qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del episodio concreto, las denuncias señalan un problema institucional: la necesidad de revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a los familiares que acuden al Inacif en momentos de dolor. Los actores solicitaron que las autoridades competentes investiguen lo sucedido, establezcan responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Por ahora, el Inacif no ha dado una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio incrementa la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a exponer el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se topa con instituciones cerradas, sin información y alejadas de la sensibilidad que el Estado está llamado a garantizar.