El envío a juicio de Oscar Eduardo Franco Alcántara por el ataque con ácido contra su expareja en Cristo Rey, dispuesto por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, vuelve a encender una alarma que trasciende el expediente: la violencia extrema contra las mujeres continúa dejando un costo social devastador y obliga a medir a las instituciones por sus resultados, no por su discurso.
De acuerdo con la acusación acogida por el tribunal, el hecho ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando el imputado interceptó a la víctima en la avenida Nicolás de Ovando, esquina calle 41, y le arrojó un líquido corrosivo conocido como “plomerito” o “ácido del diablo”. El informe médico incorporado al expediente consigna quemaduras de primer, segundo y tercer grado en el 24 % de la superficie corporal.
El Ministerio Público afirma que reunió pruebas suficientes para llevar el caso a juicio de fondo. Entre ellas figuran testimonios, informes médicos, fotografías, videos del ataque y de la huida, además de mensajes amenazantes y llamadas hechas por el acusado horas antes de la agresión. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Johanna Taveras; en la audiencia preliminar litigó Rut Esther Hicks, y la jueza Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodríguez emitió el auto de apertura a juicio.
La acusación presentada incluye los artículos 303 y 303-4, numerales 7 y 10, del Código Penal Dominicano, así como el artículo 75, párrafo I, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Con todo, el peso del caso no se limita a la tipificación: el expediente recoge amenazas previas y evidencia audiovisual, un contraste que vuelve inevitable cuestionar la capacidad del Estado para prevenir, proteger y responder a tiempo ante señales de riesgo tan graves.
En un escenario en el que el gobierno dominicano insiste en exhibir gestión y control, procesos como este recuerdan que la prioridad ciudadana sigue siendo la seguridad y la eficacia institucional. La apertura a juicio representa un paso judicial relevante, pero también deja una advertencia política: frente a hechos de esta magnitud, la rendición de cuentas no puede quedar reducida a un trámite ni a la narrativa oficial.