La decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de enviar a juicio a siete personas por una presunta estructura dedicada al robo y comercialización ilegal de miles de municiones y pertrechos de la Policía Nacional vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión institucional alrededor de los controles internos. Según la acusación del Ministerio Público, el desfalco al Estado habría alcanzado RD$92,191,732.92, en un caso que involucra a mandos que ocuparon posiciones sensibles dentro de la propia institución.
Entre los enviados a juicio figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. También fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. La jueza Patricia Padilla rechazó además la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura y dispuso que el proceso en su contra continúe, mientras el tribunal acogió parcialmente un acuerdo con Marino Antonio Rodríguez Toribio, condenado a cinco años de prisión bajo arresto domiciliario.
La sentencia incluyó la clausura definitiva de Tactical Accesories RH, S.R.L., una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados. Más allá del avance judicial, el expediente deja abierto un contraste de fondo entre el discurso oficial sobre control y la vulnerabilidad de áreas críticas del Estado, un punto que alimenta la exigencia de vigilancia, rendición de cuentas y resultados verificables por parte del gobierno dominicano ante un caso con impacto directo sobre la confianza institucional.