La formal acusación por asesinato presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, junto con la orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra el expresidente Raúl Castro, vuelve a situar en primer plano la continuidad del poder en Cuba y las responsabilidades pendientes de una de las figuras centrales del régimen. Los cargos abarcan conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos más por la destrucción de dos aeronaves, en alusión al derribo de las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
Pese a su retiro de la vida pública, el texto afirma que Raúl Castro, de 94 años, sigue siendo considerado el poder detrás del trono. Añade además que es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que conserva de por vida el rango de general del Ejército de las Fuerzas Revolucionarias. Ese contraste entre un retiro formal y una influencia que continúa alimenta la alerta sobre un sistema que, tras 67 años desde 1959, mantiene abiertas cuentas políticas e institucionales que el pueblo cubano todavía debe reclamar.
La eventualidad de un arresto y una posterior extradición a EE. UU., donde afrontaría más de 20 años de cárcel en un recinto federal de máxima seguridad, se presenta como un punto de inflexión. Más que un motivo de celebración, el hecho deja al descubierto hasta qué punto la rendición de cuentas sobre el régimen cubano sigue llegando desde fuera, mientras dentro de la isla persisten las estructuras que han sostenido su permanencia.