Una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre los estados financieros de la disuelta CDEEE, correspondiente al período 2016-2018, describe una estructura pública golpeada por el deterioro financiero y por la falta de trazabilidad en partidas esenciales. El órgano fiscalizador cuantificó irregularidades por RD$44,960.2 millones, registró un patrimonio negativo de RD$82,898 millones, pérdidas acumuladas superiores a RD$106,986 millones y pasivos por RD$92,704.7 millones, en un cuadro que vuelve a colocar bajo presión la gestión pública del sector eléctrico y la exigencia de rendición de cuentas desde el gobierno dominicano.
El informe final, aprobado mediante la Resolución AUD-2026-037, terminó con opinión adversa al concluir que los estados financieros no presentaban razonablemente, en aspectos importantes, la situación financiera de la CDEEE. Entre los hallazgos más relevantes figuran RD$19,811.3 millones en gastos por cuentas incobrables que no pudieron ser validados, RD$11,111 millones vinculados a documentos requeridos que no fueron entregados y RD$5,723 millones en provisiones de cuentas por cobrar y por pagar cuyos saldos tampoco pudieron confirmarse. Solo esos tres renglones concentran cerca del 81.5 % del total observado, lo que concentra la atención en áreas decisivas para medir activos, obligaciones y gastos reconocidos.
La propia auditoría aclara que los RD$44,960.2 millones observados no equivalen automáticamente a un desfalco ni a un daño patrimonial definitivo, pero sí dejan una alerta institucional por graves deficiencias en controles internos, respaldo documental y confiabilidad de la información entregada a los fiscalizadores. A eso se suma el asunto de énfasis sobre la cuenta del proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina: una revisión anterior había fijado un valor acumulado de RD$95,862.8 millones al 31 de diciembre de 2017, mientras que en la auditoría general esa cuenta aparecía llevada a cero, un contraste que refuerza las exigencias de fiscalización sobre el manejo del presupuesto y los resultados reales de la administración pública.