Los problemas persistentes de la República Dominicana no se explican únicamente por la conducta social de la clase media, sino también por deficiencias públicas que se han normalizado. El propio diagnóstico sostiene que las culpas de los gobiernos “son muchas” y plantea una realidad en la que, ante servicios que no se resuelven bien, amplios sectores recurren a salidas privadas para cubrir carencias de agua, electricidad, transporte, educación, salud y seguridad.
Ese esquema ha tenido un impacto político e institucional: al reemplazar con tinacos, cisternas, inversores, plantas, vehículos, colegios privados, clínicas privadas y vigilancia privada lo que debería garantizar el Estado, la clase media termina asumiendo el costo de la ineficiencia pública. El resultado, según el texto, es un derroche de recursos públicos y privados, además de un mayor costo de vida para hogares que tampoco quedan al margen de los problemas.
La consecuencia es una mezcla de quejas y apatía que debilita la presión social por mejores servicios y disminuye la exigencia de rendición de cuentas. Aunque en momentos concretos han surgido expresiones como el 4% del PIB para la educación y Marcha Verde contra la corrupción, el texto advierte que esos impulsos se diluyen y dejan intacto un esquema en el que los gobiernos siguen sin resolver adecuadamente problemas colectivos mientras la ciudadanía paga más por sobrevivir a esas deficiencias.