La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un panorama de fragilidad institucional y de protección insuficiente ante la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir comercio, algunas familias lograron resistir durante años gracias al respaldo del general Ignacio María González Santín, quien las acogió como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 ya todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para permanecer definitivamente en República Dominicana.
El cambio diplomático de 1911 coincidió con ese clima de incertidumbre. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a comienzos de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se aplazó hasta el seis de julio, mientras Guarín González siguió como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon tomó las armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que salió del país el seis de diciembre.
Aun con la nacionalidad dominicana, el hostigamiento contra esos inmigrantes no cesó: vino del gobierno haitiano, pero también de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el episodio deja una advertencia institucional que sigue vigente: la protección formal no evitó expulsiones, persecución ni desarraigo, un contraste que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.